Outsourcing en México: Evolución, Cambios e Implicaciones

El outsourcing, también conocido como subcontratación, es una práctica empresarial mediante la cual una empresa contrata a un proveedor externo para realizar tareas o procesos que no forman parte de su actividad principal. Esta estrategia busca, entre otras cosas, reducir costos, mejorar la eficiencia operativa y permitir que la empresa se enfoque en su negocio.
En este esquema, la empresa contratista proporciona los recursos necesarios para prestar el servicio, incluyendo personal, equipos y materiales. A diferencia del modelo tradicional de relación laboral directa, en el outsourcing el trabajador pertenece a la empresa prestadora de servicios, no a la empresa que lo recibe.
Ante este panorama, es crucial entender cómo ha cambiado la legislación en torno al outsourcing en México, qué implicaciones tiene para las empresas y cuáles son las nuevas obligaciones fiscales y laborales que deben cumplirse.
En este artículo hablamos sobre la reforma laboral de 2021 y su impacto en la subcontratación de servicios.
Regulación del Outsourcing en México antes de 2021
La subcontratación fue regulada por primera vez en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2012. Según esta ley, el outsourcing estaba permitido siempre que cumpliera con ciertos requisitos:
- No debía cubrir la totalidad de las actividades de la empresa contratante.
- Solo era válida si se trataba de servicios especializados.
- No debía implicar tareas similares a las del personal interno.
- El contrato debía formalizarse por escrito.
- La empresa contratante debía verificar que la contratista cumpliera con normas de seguridad, salud y medio ambiente.
Reforma Laboral de 2021
En abril de 2021, el gobierno federal implementó una reforma profunda al esquema de subcontratación. Esta reforma modificó los artículos 12 al 15, el primer párrafo del 127, y los artículos 1004-A y 1004-C de la LFT, además de agregar un párrafo al artículo 41.
Estas modificaciones, impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), surgieron de un consenso entre autoridades, sindicatos y sector empresarial para frenar prácticas abusivas y proteger los derechos laborales.
Principales cambios tras la reforma:
- Prohibición de la subcontratación de personal: Se prohíbe subcontratar trabajadores que desempeñen actividades relacionadas con el objeto social o actividad preponderante de la empresa contratante. Las empresas de un mismo grupo pueden prestarse servicios especializados entre sí.
- Subcontratación permitida solo para servicios especializados: Solo se permite la subcontratación de servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa. Las empresas proveedoras deben darse de alta ante el Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas (REPSE) y renovar su registro cada tres años
- Responsabilidad solidaria de la empresa contratante: Si la empresa prestadora incumple con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, la empresa contratante será responsable solidariamente ante el SAT, IMSS e Infonavit.
- Informes obligatorios al Infonavit: Las empresas subcontratistas deben enviar reportes cuatrimestrales al Infonavit con datos de contratos, trabajadores involucrados y su salario base de cotización.
- Multas y sanciones severas por incumplimiento: La subcontratación sin registro puede generar multas de hasta 4.5 millones de pesos. El uso de esquemas simulados de outsourcing puede considerarse defraudación fiscal con penas de cárcel.
- Reconocimiento de antigüedad y derechos laborales: Las empresas que integren en su nómina a trabajadores subcontratados deberán reconocer íntegramente sus derechos laborales y antigüedad.
- Participación en utilidades (PTU) garantizada y con tope: Los trabajadores ahora tienen derecho al reparto de utilidades. Este tiene un límite máximo de tres meses de salario o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable.
- Impacto positivo en seguridad social e ingresos: Según el IMSS, más de 2.9 millones de trabajadores migraron a empleadores reales con un incremento promedio del 20% en su salario base de cotización, mejorando su acceso a prestaciones y seguridad social.
Implicaciones Fiscales del Nuevo Esquema de Outsourcing
La reforma también trajo desafíos fiscales y administrativos para las empresas. Aquellas que aún recurren a servicios especializados deben cumplir con nuevas responsabilidades para evitar sanciones.
Verificación de Cumplimiento por Parte del Contratista
Las empresas deben confirmar que el proveedor:
- Entrega puntualmente los CFDI de nómina.
- Paga correctamente el salario y las prestaciones de ley.
- Cumple con sus obligaciones ante el SAT, el IMSS y el Infonavit.
- Verificar que el la empresa contratada tenga su registro ante el REPSE vigente.
Timbrado Correcto de Nómina
Uno de los aspectos más relevantes en este nuevo entorno es el monitoreo del timbrado de nómina, que debe reflejar fielmente los pagos realizados. Muchas empresas aún no implementan sistemas eficaces para validar esta información, lo que las deja vulnerables a multas o incumplimientos.
Conclusión
La reforma al outsourcing en México representa un cambio estructural que obliga a las empresas a adoptar prácticas más transparentes, responsables y alineadas con los derechos de los trabajadores. Aunque la transición puede presentar desafíos, el cumplimiento adecuado no solo evita sanciones, sino que también fortalece la reputación y solidez de las empresas en el entorno actual.
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- Generación de acumulados de nómina del subcontratista por trabajador por concepto de la compañía y concepto SAT.
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